La reciente Encuesta de Funcas sobre Pensiones y Educación Financiera 2026 pone de manifiesto una creciente preocupación en la sociedad española respecto al futuro del sistema público de pensiones. Los resultados reflejan dos conclusiones principales: la sostenibilidad futura del sistema está en duda dado que las reformas aplicadas hasta ahora no parecen suficientes para garantizar su viabilidad, y existe una falta de consenso sobre qué medidas adoptar en el futuro.
En primer lugar, destaca la percepción generalizada de que el sistema enfrentará serios problemas a corto o medio plazo. Un 68% de los encuestados considera que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para la economía. Esta preocupación es especialmente intensa entre los jóvenes: aproximadamente tres cuartas partes de las personas entre 18 y 45 años comparten esta visión, mientras que el porcentaje disminuye progresivamente en los grupos de mayor edad, hasta situarse en un 53% entre los mayores de 60 años. Esto sugiere que las generaciones más jóvenes son más conscientes o están más preocupadas por la sostenibilidad del sistema.
Además, existe una clara desconfianza hacia las reformas realizadas en los últimos años. Entre los encuestados que no están jubilados ni se dedican exclusivamente a labores del hogar, el 79% considera que dichas reformas son insuficientes para garantizar el cobro de sus futuras pensiones. Esta percepción alcanza su máximo entre las personas de entre 31 y 45 años, donde el 90% expresa su escepticismo, probablemente debido a que se encuentran en una etapa vital de consolidación económica y familiar. Además, un abrumador 93% de los encuestados cree que el sistema sufrirá nuevas reformas antes de que ellos se jubilen, lo que refleja una expectativa generalizada de cambios continuos.
Segundo, y sin embargo, esta preocupación no se traduce en un apoyo claro hacia medidas específicas, dado que la encuesta revela una fuerte resistencia social a muchas de las posibles soluciones. La propuesta más rechazada es el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 70 años, que recibe la oposición de más del 80% de los encuestados en todos los grupos, incluidos los ya jubilados. Asimismo, entre dos tercios y tres cuartas partes de los participantes rechazan ampliar el número de años necesarios para acceder a una pensión contributiva, actualmente fijado en 15 años. Otras medidas, como la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones o el aumento de las cotizaciones sociales, generan algo menos de rechazo, pero tampoco cuentan con un amplio respaldo. En general, las opciones orientadas a incrementar los ingresos del sistema reciben más aceptación que aquellas que implican alargar la vida laboral, aunque ninguna logra un consenso claro.
A pesar de esta aparente resistencia a las reformas, la encuesta identifica un posible punto de apoyo para futuros cambios: la preferencia por un sistema más contributivo. Un 58% de los encuestados se inclina por vincular más estrechamente las pensiones a las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, frente a un modelo más redistributivo basado en criterios de suficiencia. Esta tendencia coincide con las propuestas de muchos expertos, que abogan por reforzar la relación entre aportaciones y prestaciones como una vía para mejorar la sostenibilidad del sistema.
Otro aspecto relevante de la encuesta es la percepción sobre quiénes serán los más perjudicados por las probables dificultades financieras futuras de las pensiones. El 70% de los encuestados considera que los jóvenes serán los principales afectados, mientras que solo el 17% cree que el impacto recaerá más sobre las personas mayores. Esta opinión es compartida incluso por los propios jubilados y mayores de 60 años. Este dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que la mayoría de la población considera que los jóvenes ya se encuentran en peor situación económica que los pensionistas actuales. Sólo un 25% cree que los trabajadores menores de 40 años están mejor posicionados económicamente, frente a un 56% que opina lo contrario.
La preocupación por el nivel de vida en la jubilación también es elevada. Aproximadamente dos tercios de los mayores de 30 años manifiestan inquietud por si su futura pensión será suficiente para vivir sin dificultades económicas. Esta preocupación es aún mayor entre los mayores de 60 años, especialmente entre las mujeres, lo que sugiere la existencia de desigualdades de género en la percepción de seguridad económica en la vejez.
En conclusión, la encuesta refleja una sociedad consciente del desafío que enfrentan las pensiones, pero reticente a aceptar medidas concretas que impliquen sacrificios. Existe una combinación de preocupación, desconfianza y falta de consenso que dificulta la implementación de reformas. No obstante, la inclinación hacia un sistema más contributivo podría servir como base para diseñar cambios que, además de mejorar la viabilidad financiera, logren generar confianza entre los ciudadanos de todas las generaciones.
