España tiene un sistema de pensiones de reparto y prestación definida: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones en curso, y el importe de cada pensión se calcula con una fórmula en base a los años cotizados y la base reguladora. Este diseño no vincula el importe de la pensión a lo aportado por cada trabajador a lo largo de su vida laboral, de modo que lo cotizado y lo cobrado no tienen por qué coincidir. Junto a la evolución de salarios y empleo, esa brecha determina el déficit contributivo del sistema.
Una cotización pagada en 1995 y otra pagada en 2023 no son la misma cantidad de dinero. Para hacerlas comparables, podemos actualizar cada cotización con el crecimiento del PIB nominal, es decir, con el crecimiento real de la economía más la inflación acumulada desde el momento en que se pagó esa cotización hasta la jubilación. En un sistema de reparto, las cotizaciones funcionan como un salario diferido: no se acumulan en una cuenta individual, sino que dan derecho a una pensión futura financiada por quienes estén trabajando en ese momento, y esa financiación crece aproximadamente al ritmo del PIB nominal. Actualizar así las cotizaciones permite estimar cuánto habría acumulado cada trabajador bajo ese esquema, y compararlo con el coste actuarial real de la pensión que recibe.
Un estudio reciente de Fedea aplica este ejercicio a la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social para las personas jubiladas entre 2015 y 2023. Para la cohorte de 2023, la cotización acumulada mediana, actualizada con el PIB nominal, era de 190 mil euros para los hombres y 127 mil para las mujeres, frente a un coste actuarial mediano de la pensión de 203 mil y 225 mil euros, respectivamente. La diferencia mediana entre ambos conceptos, que no equivale a restar estas dos cifras al ser medianas de variables individuales, es de unos 50 mil euros para los hombres y unos 103 mil para las mujeres.
Ese cálculo cambia si, además de ampliar el tipo de cotización de referencia para incluir la financiación de la viudedad, se cuenta la pensión que dejarán al morir: la diferencia baja a unos 81 mil euros para las mujeres y sube a unos 56 mil para los hombres. El motivo es demográfico: las cónyuges de los pensionistas varones suelen ser más jóvenes y viven más años de media, así que su viudedad esperada es más larga. La brecha de partida, antes de contar la viudedad, responde a la inferior cotización de las mujeres -por brecha salarial, jornada parcial y carreras interrumpidas por cuidados- y a que su propia esperanza de vida es mayor, por lo que cobran la pensión durante más años. Es decir, menos capital acumulado y más años de cobro elevan la rentabilidad relativa, aunque la pensión mensual siga siendo, de media, más baja.
El estudio señala que esa rentabilidad más alta no se reparte de forma uniforme: se concentra, en particular, en las pensiones de incapacidad y en las carreras de cotización más cortas, donde las diferencias entre lo cotizado y lo cobrado son varias veces mayores que en la jubilación ordinaria. En estos casos, la rentabilidad más alta cubriría a quien no pudo cotizar lo suficiente por causas ajenas, como una incapacidad o la interrupción de la carrera profesional. Algo parecido ocurre con las mujeres, donde parte de la brecha compensa lagunas de cotización asociadas al cuidado de hijos o familiares. Entendido así, el sistema no es solo un salario diferido: incorpora también redistribución entre generaciones y redistribución dentro de cada generación, hacia quienes tuvieron menos capacidad de cotizar.
Esta redistribución contribuye a reducir la desigualdad dentro del sistema de pensiones, al concentrar una rentabilidad más alta en quienes tuvieron menos capacidad de cotizar. Al mismo tiempo, esa misma rentabilidad, que es generalizada y no limitada a los casos de mayor vulnerabilidad, es uno de los factores que explican el déficit estructural del sistema: la distancia entre lo cotizado y lo pagado en pensiones no depende solo de cotizaciones o empleo, sino en buena medida del propio diseño de la fórmula de cálculo.
Referencia: Ación López, A. y Vidal-Meliá, C. (2026). «NDC Benchmarking of Spanish Pensions: Disability, Survivor Reversibility and Hidden Redistribution». Estudios sobre la Economía Española. FEDEA
