La situación financiera del sistema público de pensiones en España, enfrenta notables desafíos, tanto en el presente como en el futuro. Así, y en 2025, el gasto total del sistema —que incluye la Seguridad Social y el Régimen de Clases Pasivas— ha alcanzado los 218.321 millones de euros, mostrando una tendencia sostenida al alza tanto en valores absolutos como en relación con el Producto Interior Bruto (PIB). Más aún, y desde el año 2000, este gasto ha aumentado en 3,9 puntos del PIB, con casi un punto adicional en el periodo comprendido entre 2018 y 2025.
Pero si bien el déficit oficial de la Seguridad Social en 2025 parece moderado (7.352 millones de euros, equivalente al 0,4% del PIB), esta cifra no refleja el desequilibrio real del sistema. El componente contributivo, que agrupa la mayor parte del gasto —especialmente en pensiones, que representan el 87%—, presenta un desfase significativo entre ingresos y gastos. Para cubrirlo, el sistema ha necesitado recurrir a recursos adicionales procedentes del Estado, como transferencias y préstamos, que ascendieron a casi 57.000 millones de euros (3,4% del PIB) en 2025, cifra que alcanza los 61.881 millones si se excluyen los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), los cuales se destinan al Fondo de Reserva.
Pero en especial, el aumento de estos recursos extraordinarios ha sido muy notable desde 2018, prácticamente duplicándose en pocos años. Esto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la economía española ha experimentado una evolución favorable del empleo, con 2,8 millones más de afiliados desde entonces. Aun así, todos estos factores favorables no han sido suficientes para equilibrar las cuentas del sistema. En consecuencia, y para lograr el equilibrio presupuestario en el sistema contributivo, serían necesarias medidas adicionales a las ya implementadas en las últimas reformas del sistema. Entre ellas, destacan la incorporación, de nuevos cotizantes, un aumento sostenido de la productividad laboral, y/o el incremento de los tipos de cotización.
De cara al futuro, la situación se verá agravada por el envejecimiento de la población. La jubilación de la generación del “baby boom” y el aumento de la esperanza de vida incrementarán significativamente el número de pensionistas. A ello se suma el mantenimiento de una tasa de reposición elevada (relación entre el último salario recibido y la pensión de jubilación) y la revalorización anual de las pensiones con el IPC, lo que implica que el gasto total en pensiones podría superar el 17% del PIB en 2050, lo que a su vez podría ocasionar un déficit de casi 6 puntos del PIB ese mismo año (véase Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra, 2026). Por otra parte, el Fondo de Reserva no ofrece una solución sólida, ya que su volumen es reducido y se nutre de préstamos del Estado, lo que genera un impacto negativo en las cuentas públicas.
En realidad, el fondo del problema radica en un desequilibrio actuarial: el valor inicial de las pensiones supera en un 60% las aportaciones realizadas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral, incluso después de ajustarlas al crecimiento económico. Esto implica que el modelo actual es estructuralmente insostenible, y que aumentar el número de cotizantes no resuelve el problema, sino que solo retrasa sus efectos.
Referencias
Díaz-Giménez J., y J. Díaz-Saavedra, 2026. “Pensions in Spain: A Reform that Backfires». International Tax and Public Finance, vol. 33 (2), pp 668-704.
