Jubilarse en cuanto se alcanza la edad ordinaria está dejando de ser casi la única opción entre quienes terminan su carrera laboral. Hasta agosto de 2026, el 11,6% de las nuevas pensiones de jubilación correspondieron a personas que voluntariamente habían retrasado su retiro, frente a menos del 5% en 2019. Al mismo tiempo, la edad media efectiva de acceso a la jubilación ha pasado de 64,4 años en 2019 a los actuales 65,4 años, una evolución alimentada tanto por el crecimiento de la jubilación demorada como por la reducción de las salidas anticipadas.
Más aún, esta tendencia podría intensificarse considerablemente. Un trabajo de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), proyecta que aproximadamente tres de cada diez nuevas jubilaciones podrían producirse por encima de la edad ordinaria en las próximas décadas. Es decir, la incidencia de la jubilación demorada pasaría desde el entorno del 11% actual hasta cerca del 30%.
A priori, esta evolución coincide con las reformas introducidas desde 2022 para hacer menos atractivo abandonar anticipadamente el mercado laboral y más beneficioso permanecer trabajando después de poder jubilarse, dado que el sistema actual permite elegir entre diferentes recompensas. Una persona que continúa trabajando después de alcanzar su edad ordinaria puede recibir un 4% adicional de pensión por cada año completo de demora, optar por una cantidad cuya cuantía depende, entre otros elementos, de los años cotizados, o escoger una fórmula mixta que combine ambas opciones. Finalmente, y desde agosto de este año se encuentra implementada la nueva regulación de las fórmulas de jubilación flexible y de la opción mixta del complemento por demora.
Además, a la decisión voluntaria de trabajar más tiempo se suma otro fenómeno: la propia edad ordinaria de jubilación está aumentando gradualmente. En 2026 pueden jubilarse a la edad ordinaria, 65 años, quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses; quienes no alcancen ese periodo tienen que esperar hasta los 66 años y diez meses. Desde 2027, el calendario previsto por la reforma culminará en 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados, mientras quienes alcancen esa carrera podrán mantener el retiro a los 65.
Sin embargo, Fedea considera que no todo el aumento observado puede atribuirse a esas modificaciones legales. Su modelo califica el efecto directo de los nuevos incentivos como relativamente reducido y recuerda que antes de la reforma ya existían bonificaciones por prolongar la actividad. Específicamente, el estudio considera que el principal motor del retraso de la jubilación será la mayor esperanza de vida prevista en las proyecciones demográficas, y no los cambios legales aprobados por el Gobierno. Si una persona espera pasar más años jubilada, necesitará financiar un periodo de retiro más largo y puede tener mayores incentivos para prolongar su carrera profesional y seguir acumulando ingresos y derechos de pensión.
El trabajo de FEDEA también señala otra razón, que es el aumento del nivel educativo de las próximas generaciones de trabajadores, lo que tiende a estar asociado con empleos menos exigentes físicamente y carreras laborales que pueden prolongarse con mayor facilidad. Por eso, Fedea sostiene que las jubilaciones demoradas crecerían de forma importante incluso aunque no se hubieran reforzado los incentivos legales.
La tendencia tampoco afecta de la misma forma a todos los trabajadores. Prolongar una carrera profesional resulta más viable en determinados trabajos de oficina o actividades menos exigentes físicamente que en profesiones con desgaste corporal, turnos nocturnos o especial peligrosidad. El propio sistema de pensiones contempla mecanismos de jubilación anticipada para algunos colectivos y recientemente se han ampliado los procedimientos para determinar qué profesiones pueden beneficiarse de coeficientes reductores.
Esto significa que el aumento de la edad efectiva no debe interpretarse como que todos los españoles trabajarán necesariamente hasta edades cada vez más avanzadas. La evolución dependerá de la profesión, el estado de salud, los años cotizados, la cuantía de la futura pensión y la situación económica personal, además de los incentivos que continúe ofreciendo el sistema.
