Un sistema mixto de pensiones podría asegurar la jubilación de
los jóvenes españoles.
La continuidad del sistema de pensiones de España se encuentra en una encrucijada. La
creciente preocupación entre los jóvenes españoles por la viabilidad de sus futuras pensiones
no es infundada. Dado el desequilibrio estructural del sistema actual, caracterizado por una
esperanza de vida en aumento y una tasa de natalidad en descenso, se ha generado una
proporción de trabajadores en activo frente a jubilados cada vez más desfavorable para los
primeros.
Si el gobierno español no implementa medidas correctivas, el modelo actual de prestaciones
de jubilación, al ritmo que sigue la inflación, se encamina hacia un déficit inevitable.
Pero, por preocupante que parezca la situación del sistema público de pensiones, es poco
probable que el país deje de pagarlas a corto plazo. Los votantes, en su mayoría mayores de
50 años (y los más preocupados por este tema), no lo permitirán, porque seguirán votando a
políticos que den prioridad a las pensiones.
Ante esta realidad, ¿cómo podemos mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones?
Una respuesta rápida es que no se puede si no hay cambios.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, se contemplan diversas alternativas, algunas de
las cuales podrían implicar la afectación de otros servicios públicos o cambios en las
condiciones de jubilación. Algunas opciones son:
Sin embargo, cabe destacar que todas estas medidas podrían generar un impacto negativo
en la sociedad, tal y como se evidenció en las protestas del año pasado en Francia. Por ello,
necesitamos una reforma radical del actual sistema de pensiones.
Pensiones universales para todos
Establecer la universalidad del sistema de pensiones es el primer paso para asegurar su
sostenibilidad a largo plazo. Esto implica que todos los trabajadores, sin excepción alguna,
deben contribuir al sistema mediante cotizaciones.
Piénsalo: en los sistemas de pensiones contributivas, las pensiones no son más que una
forma de salario diferido. Se trata de ahorros obligatorios que se acumulan durante la vida
laboral y se utilizarán para pagar las pensiones. En los sistemas de reparto, la participación
de todos los trabajadores es indispensable.
Es importante destacar que estamos lejos de este ideal de universalidad. Aproximadamente,
1,8 millones de mutualistas no cotizan a la Seguridad Social. En su lugar, optan por seguros y
planes de pensiones privados. Esta opción es exclusiva para determinados colectivos
profesionales, como empleados del sector público o trabajadores agrícolas. En conjunto,
representan una minoría significativa, pero su falta de participación en el sistema público de
pensiones podría tener un impacto negativo en el mismo, al impedir la entrada de sus
contribuciones. De igual manera, alrededor de 5 millones de autónomos gozan de cierto
margen de maniobra a la hora de elegir sus cotizaciones para la pensión.
La opción de planes privados puede parecer atractiva para algunos, pero podría suponer un
riesgo para los jubilados. Las compañías de seguros e instituciones financieras que ofrecen
estos planes no siempre pueden garantizar una renta vitalicia suficiente, es decir, un salario
digno hasta el final de la vida. Esta situación se ve agravada por el aumento de la esperanza
de vida, especialmente desde la década de 1950. El tiempo promedio que pasamos jubilados
se ha duplicado, pasando de 10 a más de 20 años, mientras que la edad de jubilación ha
permanecido relativamente sin modificación.
Este escenario implica que se requieren mayores recursos para financiar un período de
jubilación más largo. Pero es poco probable que una entidad financiera pueda prometer
ingresos regulares a cada jubilado sin asumir un riesgo significativo de insolvencia. Entonces,
¿qué sucede si una persona vive hasta los 100 años y sus ahorros se agotan a los 85?
La desconfianza en el sistema público de pensiones es un problema real y creciente, que ha
impulsado a que más personas prefieran alternativas privadas. Este sentimiento de
desconfianza se ha visto intensificado por los considerables y crecientes déficits de la
Seguridad Social. Si bien estas dudas tienen cierto fundamento, es crucial mantener la
confianza en el sistema público de pensiones, porque de no hacerlo, el sistema colapsará. La
viabilidad de un sistema de pensiones depende en gran medida de la creación de incentivos
para que los trabajadores coticen. La población activa debería estar más dispuesta a pagar
impuestos sobre la nómina, siendo consciente de que es la mejor manera de garantizar su
bienestar futuro.
Además, hasta ahora, no hay motivos para no confiar. A pesar de los desafíos que ha
enfrentado el sistema público de pensiones de España, este ha cumplido con su compromiso
de pagar las pensiones prometidas a los contribuyentes que han cotizado. Su historial es
ejemplar en este sentido, lo que debería servir como base para confiar en el sistema, si bien
es comprensible que surjan dudas sobre su futuro, especialmente en un contexto con
cambios demográficos y económicos tan marcados. En este sentido, los algoritmos y las
máquinas contribuirán cada vez más al sistema para generar el valor necesario para pagar
nuestras pensiones.
Un sistema de pensiones mixto
Otro aspecto de mi propuesta de reforma es reorganizar el sistema de pensiones
implementando un modelo híbrido con elementos tanto de reparto como de capitalización.
El sistema de pensiones público español se basa actualmente en un modelo de reparto (casi
exclusivo). Esta modalidad presenta una fuerte dependencia de los fondos locales, por lo que
funciona bien siempre y cuando la economía local vaya bien. En este sentido, es
imprescindible diversificar las fuentes de financiación del sistema para mitigar los riesgos
asociados a las fluctuaciones económicas.
En estos momentos, el sistema presenta una serie de vulnerabilidades que ponen en jaque
su sostenibilidad a largo plazo:
Los sistemas de capitalización, por su parte, dependen menos de los factores locales. En este
modelo, los fondos de los trabajadores se invierten en carteras diversificadas que pueden
incluir acciones globales, bonos, ETF (fondos cotizados), fondos de inversión. Esta estrategia
permite generar rendimientos a lo largo del tiempo, lo que contribuye a la sostenibilidad del
sistema.
Una de las principales ventajas de los sistemas de capitalización es que otorga a los
contribuyentes la propiedad de sus ahorros para la jubilación. Estos ahorros acumulados a lo
largo de la vida laboral pueden utilizarse para complementar las pensiones de reparto en un
sistema mixto, proporcionando mayor seguridad y estabilidad financiera a los futuros
jubilados.
También cabe destacar que un sistema de capitalización presenta inconvenientes como
pueden ser los riesgos de inversión y la falta de solidaridad. El valor de las cuentas de ahorro
para la jubilación puede fluctuar con las condiciones del mercado, lo que podría afectar
negativamente los ahorros acumulados por los trabajadores. Además, requiere una gestión
adecuada de las cuentas para asegurar que las inversiones cumplen con los objetivos
financieros marcados a largo plazo.
Los sistemas de capitalización pueden parecer similares a las compañías de seguros
privados, pero existen diferencias fundamentales que garantizan la protección de los ahorros
de los trabajadores. Por un lado, el sistema público de pensiones está supervisado por las
autoridades, que son públicas. Por otro, los bancos pueden quebrar y no aportar el dinero
prometido, mientras que las entidades gubernamentales pueden intervenir y asegurar que
los jubilados no se queden con los bolsillos vacíos.
Javier Díaz-Giménez
Profesor de Economía y titular de la Cátedra Cobas AM sobre Ahorro y
Pensiones en el IESE.
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